jueves, 17 de octubre de 2019

¡QUÉ PASÓ CON LA LIBERTAD DE PRENSA?


¿QUÉ PASÓ CON LA LIBERTAD DE PRENSA?

Malú Kikuchi  (18/10/2019)


El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, en el caso “La ruta del dinero K”, le pidió a la Comisión por la Memoria, presidida por el inexplicable premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, que revisara los artículos de algunos periodistas, para averiguar “si venían del espionaje ilegal, y o si tenían intención psicológica". 

Evidentemente el juez de justicia legítima (egresado de la UBA en 2000, abogado en el ámbito privado hasta 2008 y nombrado juez en 2011, meteórica carrera), tiene una clara intención psicológica en contra de la libertad de prensa. Libertad consagrada desde el 1º Triunvirato, -Chiclana, Sarratea, Paso- el 26/10/1811, creando la Junta Protectora de la Libertad de Imprenta en el territorio que comprendía el Virreinato del Río de la Plata.

Pareciera que el juez no ha leído el artículo 14 de la Constitución Nacional, “todo habitante tiene el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa […]”. Tampoco ha leído el artículo 32 de la CN, “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta […]”. Ni ha leído el Pacto de San José de Costa Rica, que en inciso 1, establece la libertad de prensa, Pacto que la Argentina firmó e incluyó en la CN.

El artículo 43 de la CN, Nuevos Derechos y Garantías, establece que, “No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”. Y la Corte Suprema de Justicia el 31/3/2017 “reafirmó el derecho de investigar de los ciudadanos y el secreto de las fuentes periodísticas de los periodistas”. Hay mucho más, pero basta de bibliografía.

Preguntas: El juez tuvo que leer todo lo anterior en la facultad de Derecho de la UBA, egresó hace sólo 19 años, ¿tiene tan poca memoria que ya olvidó lo que estudió? ¿O su militancia ideológica es tanta que le hace cometer este atentado en contra de la constitucional libertad de prensa?

El espionaje es un delito, ¿el juez está acusando a los periodistas investigados de delincuencia? Eso no está tipificado en la causa.  El espionaje siempre es ilegal. ¿Cómo se puede deslindar un espionaje ilegal de uno “legal” que nunca merece ser tratado como tal? Muy extraño.

Los miembros de la Comisión de la Memoria de la provincia de Buenos Aires, ¿desde cuando son expertos en espionaje? ¿Qué conocimientos sobre periodismo los habilitan para determinar algo mas allá de si están de acuerdo o en desacuerdo con lo escrito, si les parece bueno o malo?

Pero estos miembros de la Comisión Provincial de la Memoria, en un trabajo de 200 páginas, se arrogan el título de peritos, mientras Daniel Santoro no ha tenido el inalienable derecho a tener sus peritos de parte. Y la Comisión se ha especializado hasta ahora, en delitos de lesa humanidad. ¿Acusan a Santoro por sus artículos de delitos de lesa?

En la Argentina hay pocos periodistas de investigación. Esta medida del juez hace correr el riesgo de dejar al país sin periodismo de investigación. Un periodista accede a cierto tipo de información porque alguien, que tiene miedo y prefiere quedar en el anonimato al que tiene derecho, le pasa información hasta ese momento secreta. Entonces se la conoce.

Sin ese intercambio entre el informante que debe ser anónimo porque así lo desea, y el conocimiento por parte de la ciudadanía de un hecho hasta ese momento oculto, está el periodista. Sin el periodista, los delitos de guante blanco, la corrupción estatal y las estafas a gran escala, quedarían en las sombras. El periodismo es en esos casos el ayudante de la Justicia.

Atemorizar, amordazar a la prensa es desinformar a la gente. Si eso es lo que quieren el juez Ramos Padillas, justicia legítima y los que militan en la corrupción, este es el primer paso en esa dirección. Hay que frenar este disparate anticonstitucional. Hay que frenar este atentado contra la ciudadanía que tiene el derecho a estar informada sobre todo.

Y en ese todo, entra la información que le guste al juez Ramos Padilla y también la que le disguste.  La que quiere que se conozca y aquella que no quiere que se sepa. Esto es válido para el juez y para aquellos a quienes responde.   

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