UN FALLO CORRECTO EN TIEMPOS
INCORRECTOS
Malú Kikuchi (5/10/2019)
La Corte Suprema de Justicia nació a
partir de la ley Nº 27 el 18/10/1862, recién asumido como presidente de la
Nación Argentina, Bartolomé Mitre. El
25/8/1863, por ley Nº 48, la Corte debía, de ahí en más, aprobar “cuestiones
federales”, para “establecer doctrina constitucional”.
La Corte empezó a funcionar como tal,
el 11/10/1863. Estaba formada por 5 miembros, como hoy. Desde su nacimiento
hasta ahora, la Corte ha cambiado el número de sus integrantes, la edad del
retiro y otros ítems, lo que siempre mantuvo fue su prescindencia en tiempos
electorales.
Perdidas las PASO, el Ejecutivo se
apresura a tomar medidas para paliar la crisis económica. No hubo tiempo para consultar
a las provincias y por DNU se dispuso rebajar el IVA a 14 alimentos esenciales
y el aumento del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.
Quince provincias peronistas apelaron
a la Corte para que la Nación no les redujera la coparticipación. Es curioso
pensar que gobernantes PJ que declaran amar, proteger y ayudar a los pobres, se
nieguen a rebajar el IVA de la comida de gente que lo necesita y de la clase
media acogotada.
Por curioso que sea, los gobernadores
consiguieron que la Corte fallara, a derecho, porque el fallo es justo, en un
tiempo electoral, algo totalmente fuera de norma. En 146 años nunca había
sucedido. La Corte, en fallos que implican hechos políticos, falló siempre al
finalizar un mandato.
Una clara intromisión de un Poder en
otro. Algo que prohíbe la Constitución y lo cometen los supuestos guardianes de
la Constitución. Que eso deberían ser los jueces de la Corte. Obviamente, no lo
son. Entre los miembros de la Corte hay dos jueces reconocidamente peronistas.
Se trata de Juan Carlos Maqueda,
a
filiado al partido justicialista, propuesto por Eduardo Duhalde como miembro de
la Corte. Horacio Rosatti, fue ministro
de justicia de Néstor K entre 2004 y 2005, afiliado al PJ. En cuanto a Ricardo
Lorenzetti, fue propuesto por Néstor K, por consejo de Cristina.
En un cuerpo colegiado de 5 personas,
3 son mayoría. A eso hay que sumar el voto de Elena Highton de Nolasco, que
siempre vota de acuerdo con la mayoría. El presidente de la Corte, Carlos
Rosenkrantz votó en disidencia. El fallo
es correcto, los tiempos son muy incorrectos.
Un ciudadano tiene el sagrado e
inalienable derecho de votar por quien se le antoje. Por eso el voto es
secreto. Un ciudadano tiene la libertad de hacer conocer sus preferencias políticas
si así le place. Un juez no debe, no puede. A pesar del intendente de Areco, un
juez no debe ser militante.
El hecho de serlo desvirtúa completamente
su función de juez. El poder judicial es el fiel de la balanza del poder del
Estado, tercia entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Como dueños del
Derecho, no tienen derecho a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Han de
ser justos.
Este fallo, le cuesta al Ejecutivo Nacional
$34.000 millones. Que muy probablemente no tiene. Entonces deberá darle a la
maquinita, fabricar billetes cada vez con menos valor y echarle leña al fuego de
la inflación. Todo eso porque la Corte no permitió que por 3 meses las
provincias renunciaran a parte de su coparticipación.
Mientras, los pobres que pasen hambre,
total ya votaron la ley alimentaria. Que la pequeña clase media que vive de un
sueldo pague más impuesto a las ganancias, los gobernadores de las provincias
PJ no quieren renunciar a sus impuestos. Las quintitas no se tocan. La gente no
importa.
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